Toda persona física o jurídica deberá:
I. Informar a las autoridades competentes, haciéndolo en forma directa a los servidores públicos o instalaciones oficiales a su alcance, de cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se presente o pudiera presentarse;
II. Cooperar con las autoridades correspondientes para programar las acciones a ejecutar en caso de alto riesgo, siniestro o desastre; y III. Colaborar con las autoridades estatales y municipales para el debido cumplimiento de los programas de protección civil.