El trabajo es obligatorio para todos los sentenciados de acuerdo con su aptitud física y mental y de conformidad con su personalidad, ya que constituye uno de los medios primordiales para obtener la readaptación social de los internos.
El Poder Ejecutivo del Estado deberá proveer a través de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social o por medio de la autoridad penitenciaria correspondiente la capacitación y elementos para el adecuado desempeño del trabajo penitenciario.