Se impondrá multa hasta de cinco mil pesos o prisión hasta de tres años y destitución en su caso, del cargo o empleo que desempeñe o inhabilitación para obtener algún cargo público hasta por tres años, al funcionario o empleado público que:
I. Abusando de sus funciones obligue o induzca a los electores a favor o en contra de un candidato;
II. Prive de la libertad a los candidatos, sus representantes o los representantes de los partidos políticos, pretextando delitos o faltas inexistentes; y III. Indebidamente impida la reunión de una asamblea o una manifestación pública o cualquier otro acto legal de propaganda electoral.