Se impondrá prisión de uno a dos años, destitución del cargo o empleo que desempeñe, inhabilitación para obtener cargo público y suspensión de derechos políticos por el mismo término mencionado:
I. Al funcionario que a sabiendas presente o haga valer documento electoral alterado, así como al que altere o inutilice alguno, o al que teniendo fe pública certifique hechos falsos relativos a la función electoral;
II. A los miembros de organismos electorales y funcionarios electorales que, por actos u omisiones, impidan, dificulten o retarden las operaciones de preparación y desarrollo de las elecciones o la organización, registro o funcionamiento de partidos políticos;
III. A los empleados y funcionarios públicos del estado o municipales, agentes o encargados de la Administración Pública que, abusando de sus funciones, directamente o por instrucciones dadas a personas colocadas bajo su dependencia jerárquica, intenten obtener los sufragios de sus subordinados o de otros electores en favor de una candidatura determinada o impulsar a los electores a la abstención;
IV. A todo funcionario que por favorecer intereses políticos redujera a prisión a los propagandistas candidatos o representantes de un partido o candidato independiente, o sus representantes, pretextando delitos o faltas que no se han cometido; y V. Al que se apodere de una casilla legalmente instalada o de urnas, votos o expedientes electorales.