La Secretaría podrá generar políticas y estrategias para la atención a personas imputadas o adolescentes en conflicto con la ley a quienes por resolución judicial se les haya impuesto la condición de someterse a un tratamiento de adicciones en virtud de haberse decretado una suspensión condicional del proceso o medida cautelar.
Para efecto de lo anterior se podrán celebrar convenios de coordinación entre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado o la iniciativa privada con la finalidad de establecer las bases y criterios para la colaboración.