Si se declara improcedente o no probada la causa de recusación, se impondrá al recusante una multa de uno a cuatro veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, si se trata de Juez de Paz; de cuatro a treinta y cinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, si fuere un Juez Menor; o de treinta y cinco a ciento ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización si el recusado fuere un Juez de Primera Instancia o un Magistrado.
No se dará curso a ninguna recusación, si en el escrito en que se promueva no se precisan las causas que la motivan y se ofrecen las pruebas respectivas; debiéndose exhibir las documentales, así como el certificado de depósito por el máximo de la multa, la que en su caso se aplicará al colitigante si lo hubiere, por vía de indemnización, y en caso contrario, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para los fines que determine el pleno.