El derribo de árboles y palmas, sean de responsabilidad pública o privada, sólo procederá si no se puede realizar un trasplante, y ocurra alguno de los siguientes supuestos:
I. Concluya su periodo de vida;
II. Sea riesgoso y no pueda ser solventado con una poda, limpieza o trasplante;
III. Por el grosor o localización de su fuste, obstaculice vialidades o el acceso a propiedades; o IV. Tengan plagas o enfermedades incontrolables y con riesgo inminente de dispersión a otros árboles.